La Contraloría General de la República aclaró, mediante el Dictamen D333N26, que los funcionarios de Carabineros de Chile contratados por resolución tienen derecho a recibir atención psicológica temprana desde el momento en que presentan una denuncia por acoso laboral, acoso sexual o violencia en el trabajo. No se requiere sumario administrativo previo ni ninguna investigación que acredite los hechos. Además, los costos de esa atención no pueden ser cobrados al denunciante aunque la denuncia sea posteriormente desestimada.
El origen del dictamen: una consulta de Carabineros
La institución policial planteó a la Contraloría una duda concreta: ¿cómo deben financiarse las prestaciones de salud asociadas a la atención psicológica temprana para el personal contratado por resolución? La pregunta surgió porque estos funcionarios no están cubiertos por la Ley N° 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y la práctica habitual era otorgar prestaciones de salud solo una vez acreditados los hechos mediante sumario o primeras diligencias.
La Contraloría aprovechó la consulta para precisar el alcance de las obligaciones que impone la denominada Ley Karin, vigente desde 2024, y su instructivo N° E523936, que exige a los organismos del Estado garantizar atención psicológica oportuna a quienes denuncien conductas de acoso o violencia laboral.
Qué dice la Contraloría: la denuncia basta para activar el apoyo
El órgano contralor fue categórico: basta que el funcionario presente la denuncia y solicite la atención para que el organismo de salud correspondiente —en el caso de Carabineros, la Dirección de Previsión de Carabineros y su red asistencial— deba disponer la atención psicológica temprana. No es exigible la apertura de un procedimiento disciplinario, la realización de primeras diligencias ni ninguna investigación previa destinada a verificar si los hechos denunciados son efectivos.
El fundamento es que esta atención no constituye una prestación médica derivada de una enfermedad profesional ni de un accidente en actos del servicio. Se trata de una medida de apoyo y contención emocional cuyo propósito es proteger la salud mental del denunciante mientras se tramita el procedimiento, con independencia de su resultado.
Los funcionarios contratados por resolución también están protegidos
Un punto relevante del dictamen es que la Contraloría rechazó cualquier distinción basada en el tipo de vínculo contractual. Los funcionarios contratados por resolución, aunque no integran la planta institucional de Carabineros, forman parte del personal de la institución y están sujetos a la normativa legal y reglamentaria que la rige. Por lo tanto, las obligaciones derivadas de la Ley Karin les son plenamente aplicables.
Esta precisión es importante porque en la práctica algunos organismos han intentado limitar el alcance de la Ley Karin a los funcionarios de planta, dejando fuera a quienes tienen contratos más precarios. La Contraloría cierra esa puerta.
Los costos no pueden trasladarse al denunciante
El dictamen también abordó la pregunta sobre qué ocurre si la denuncia es finalmente desestimada. La respuesta es clara: los gastos de la atención psicológica temprana deben financiarse con cargo al subtítulo presupuestario destinado a prestaciones de seguridad social y beneficios médicos del empleador. No corresponde exigir al funcionario el reembolso de esos costos bajo ninguna circunstancia.
La Contraloría fundamentó esta conclusión en el principio de igualdad ante la ley: imponer esa carga al denunciante cuya denuncia no prosperó establecería una diferencia arbitraria respecto de los demás funcionarios de la Administración del Estado, y podría tener un efecto disuasivo sobre quienes consideran denunciar situaciones de acoso.
Qué implica esto más allá de Carabineros
Aunque el dictamen responde una consulta específica de Carabineros, sus fundamentos son aplicables a cualquier organismo del Estado que administre prestaciones de salud para funcionarios no cubiertos por la Ley N° 16.744. El criterio de la Contraloría refuerza que la Ley Karin impone una obligación de protección inmediata al denunciante, no condicionada al resultado del procedimiento disciplinario.
Para los trabajadores del sector privado, la Ley Karin también establece obligaciones similares para los empleadores, aunque el mecanismo de financiamiento y los organismos responsables difieren. En ambos sectores, el principio es el mismo: quien denuncia acoso tiene derecho a apoyo desde el primer momento.
En DRT Abogados asesoramos a trabajadores y funcionarios que enfrentan situaciones de acoso laboral o sexual, tanto en el sector público como en el privado. Si tienes dudas sobre tus derechos bajo la Ley Karin, el alcance de las medidas de protección o cómo proceder ante una denuncia, podemos orientarte. Este artículo es informativo y no constituye asesoría legal específica ni garantía de resultado.
Fuente: Diario Constitucional, "Contraloría: Carabineros debe otorgar apoyo psicológico inmediato ante denuncias de acoso laboral o sexual". Dictamen D333N26 de la Contraloría General de la República.
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